El miércoles 25 de marzo de 2026, Madrid acogió una de esas citas que permiten medir con bastante precisión hacia dónde se mueve hoy el Derecho Digital. El XII Congreso Internacional de Derecho Digital de ENATIC, celebrado en el salón de actos de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, reunió a juristas, reguladores, académicos y profesionales de la innovación jurídica en torno a una agenda que ya no puede considerarse periférica: inteligencia artificial, protección de datos, identidad digital, ciberseguridad, menores, justicia digital y herramientas legaltech. La propia presentación oficial del Congreso lo definía como “el evento anual de la abogacía digital” y como un recorrido por los principales retos jurídicos de la transformación digital, con los derechos de las personas en el centro.
Lo verdaderamente interesante de la jornada no fue solo la calidad de los ponentes convocados, sino la impresión de conjunto que dejó el programa. ENATIC articuló el Congreso como una secuencia coherente: abrir con la Carta de Derechos Digitales en su quinto aniversario; avanzar hacia la responsabilidad en inteligencia artificial; detenerse después en la tensión entre simplificación y garantías en materia de privacidad; enlazar con identidad digital y ciberseguridad; y cerrar el día con menores, justicia, legaltech y tendencias emergentes. Vista así, la jornada no se pareció a una suma de mesas aisladas, sino a un mapa bastante completo de los dilemas que ya comparten España y buena parte de Iberoamérica.
La apertura institucional confirmó ese cambio de escala. Participaron Belén Arribas Sánchez, presidenta de ENATIC; David de Francisco Marcos, subdirector general de Fomento y Regulación de la Inteligencia Artificial; Miguel Hermosa Espeso, por el Consejo General de la Abogacía Española; y Juan Miguel Márquez, desde Red.es. La fotografía era significativa: administración, profesión jurídica y ecosistema digital compartiendo escenario desde el primer minuto. Esa composición importa porque muestra algo que también se perfila en el espacio iberoamericano: la gobernanza tecnológica ya no puede descansar en un solo actor ni resolverse desde un único lenguaje. Requiere coordinación institucional, criterio jurídico y visión pública.
La primera mesa, dedicada a la Carta de Derechos Digitales, estuvo moderada por Rodolfo Tesone Mendizábal y contó con Carlos Alberto Sáiz Peña, Paula Ortiz López, Miguel Recio Gayo, Antonio Serrano Acitores y Borja Adsuara Varela. No fue una apertura ceremonial. Fue una forma de recordar que la conversación sobre algoritmos, plataformas, identidad digital o servicios automatizados no puede quedar reducida a eficiencia, innovación o despliegue técnico. Antes que nada, necesita un marco de garantías. Y esa discusión, aunque formulada desde una experiencia española, tiene un eco directo en Iberoamérica, donde muchos países siguen buscando cómo traducir sus principios constitucionales y sus sistemas de derechos al lenguaje de la nueva infraestructura digital.
La inteligencia artificial ocupó, como era previsible, uno de los lugares centrales del Congreso. La mesa “Inteligencia artificial: derechos y responsabilidad ante un nuevo paradigma”, moderada por José Manuel Muñoz Vela, reunió a Moisés Barrio Andrés, Ibán García del Blanco, Carmen Muñoz García y Alfredo Muñoz García. El simple enunciado del bloque ya dejaba ver un cambio de época: la IA ha dejado de debatirse solo como promesa tecnológica o como amenaza difusa. Ha entrado de lleno en el terreno clásico del Derecho, el de las responsabilidades, los estándares de diligencia, la transparencia, la explicabilidad y los límites jurídicos de su uso. Para Iberoamérica, donde el desarrollo regulatorio y la capacidad institucional avanzan de forma desigual, ese desplazamiento del debate hacia la responsabilidad concreta resulta particularmente relevante.
Uno de los momentos con mayor densidad jurídica llegó con la mesa “RGPD: ¿se puede simplificar sin perder garantías?”, moderada por Eduardo López-Román y con la participación de Francisco Pérez Bes, Marcos M. Judel Meléndrez y Noemí Brito Izquierdo. Entre ese bloque y el siguiente intervino Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, en una franja específica del programa presentada por José Leandro Núñez García. Su presencia en ese tramo del Congreso reforzó la relevancia del debate sobre privacidad en un momento en que la protección de datos está sometida a una presión creciente: por un lado, la necesidad de hacer más operativas y comprensibles ciertas exigencias regulatorias; por otro, el riesgo de que la palabra “simplificación” termine usándose como pretexto para debilitar garantías materiales. La cuestión interesa mucho más allá de Europa, porque ese mismo equilibrio entre eficacia y protección atraviesa hoy a la mayor parte de las reformas y discusiones iberoamericanas en materia de datos personales.
A continuación, el Congreso entró en otro de sus ejes estratégicos: la identidad digital y la ciberseguridad. La mesa estuvo moderada por Pilar Garrido García y reunió a Maite Arcos Sánchez, Lucas Carmona Ampuero y Julián Inza Aldaz, antes de dar paso a la intervención de Ramsés Gallego Iglesias sobre ciberseguridad y entorno geopolítico. Fue un tramo especialmente valioso porque recordó una verdad que a menudo se diluye en los debates más normativos: los derechos digitales no se sostienen únicamente con declaraciones jurídicas, sino también con infraestructuras confiables, autenticación robusta, resiliencia técnica y capacidad real de respuesta frente a incidentes. En la práctica, la promesa de digitalización sin seguridad es una promesa frágil. Y esa es una lección que toda Iberoamérica conoce cada vez mejor.
La tarde trasladó el foco hacia dos territorios donde la prudencia institucional resulta imprescindible. El primero fue la mesa “Menores y entorno digital: protección jurídica y retos actuales”, moderada por Laura Fra Rodríguez, con Estefanía de Anta García, Celima Gallego Alonso y Nacho Guadix García. El segundo, el panel “¿Justicia Artificial? El impacto de la IA en la Administración de Justicia”, moderado por Belén Arribas Sánchez, con Juan Antonio García Amado, Miguel Hermosa Espeso, Javier Hernández Díez y Javier Sempere Samaniego. En ambos casos, el mensaje subyacente fue poderoso: no toda innovación debe medirse solo por velocidad o productividad. Hay ámbitos donde la cuestión decisiva sigue siendo la garantía, la proporcionalidad y el papel irreemplazable del juicio humano. Para los países iberoamericanos, inmersos en procesos de digitalización judicial y de creciente preocupación por la protección de niños, niñas y adolescentes en internet, se trata de un debate de plena actualidad.
El Congreso también reservó un espacio relevante para el legaltech, quizá el segmento más vinculado a la realidad cotidiana de los despachos y de los servicios jurídicos. La mesa “Legaltech en acción: herramientas y soluciones para la práctica jurídica”, moderada por Blanca Bardin Rodríguez-Losada, reunió a Guadalupe Segura Campos, Joaquín Castiella Sánchez-Ostiz, Alejandro Castellano Sans y Emilio Latorre Guerra. Ahí la conversación dejó de girar en torno a grandes principios para aterrizar en la práctica: cómo cambia la documentación, cómo se automatizan procesos, cómo se transforma la relación con el cliente y qué condiciones debe cumplir una herramienta para ser útil sin comprometer calidad jurídica, trazabilidad ni responsabilidad profesional. También en esto Iberoamérica aparece interpelada: la transformación tecnológica del sector legal ya no es una expectativa futura, sino una realidad desigual, acelerada y cada vez más exigente.
La última mesa, “Derecho digital: tendencias y desafíos”, moderada por Pablo Sáez Hurtado, reunió a Ana Belén Barbero Castejón, Laura Gallego Herráez, Rodolfo Guerrero Martínez, Patricia Frade Ortea y Karol Andrea Valencia Jaén. Más que un simple cierre, fue una síntesis generacional y temática de todo el día. La idea que quedó flotando tras esa recta final es que el nuevo jurista digital ya no puede limitarse a conocer normas sobre tecnología. Debe moverse con solvencia entre riesgos, cumplimiento, innovación, supervisión, derechos fundamentales y gobernanza. Ese perfil híbrido, todavía en construcción, será una pieza clave en el ecosistema jurídico iberoamericano de los próximos años.
La jornada concluyó con la entrega de los VII Premios ENATIC, presentados por José Leandro Núñez García. Entre los galardonados figuraron Borja Adsuara como mejor jurista digital, ISMS Forum Spain como mejor institución, Esther Paniagua en comunicación, AESIA en innovación, Lorenzo Cotino Hueso en investigación y OdiseIA en responsabilidad social.
Vista desde una perspectiva iberoamericana, la principal conclusión que deja ENATIC 2026 es bastante nítida. Madrid fue el lugar, pero el debate desbordó ampliamente el marco español. Lo que allí se discutió afecta también a agencias, tribunales, colegios profesionales, universidades, despachos, empresas y reguladores de toda la región. La inteligencia artificial, la privacidad, la identidad digital, la ciberseguridad, la protección de menores, la justicia y el legaltech ya no son compartimentos separados: forman una única agenda de transformación jurídica. Y esa agenda exigirá menos improvisación, más cooperación regional y una cultura jurídica capaz de acompañar la innovación sin renunciar a las garantías que la hacen legítima.
En definitiva, el Congreso de ENATIC 2026 ha confirmado que el Derecho Digital ya se debate en un plano plenamente estratégico, con cuestiones que afectan por igual a España y al conjunto de Iberoamérica. Inteligencia artificial, privacidad, identidad digital, ciberseguridad, justicia y protección de los derechos fundamentales forman ya parte de una misma agenda de transformación jurídica que exige cooperación regional, visión institucional y comunidad experta. En esa misma línea de proyección iberoamericana, el Foro informará próximamente sobre el IV Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales, llamado a reforzar su posición como gran cita iberoamericana e internacional de referencia para el análisis, el debate y la proyección de los derechos digitales en el espacio jurídico global.
Equipo de comunicación del FIDD.